Augusto Verduga y el Caso Ligados: entre evidencias digitales y cuestionamientos políticos

El Caso Ligados, una investigación por presunta asociación ilícita, ha puesto en el centro del debate al exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga. La Fiscalía General del Estado presentó como prueba principal un informe pericial de 249 páginas con transcripciones de audios extraídos de sus teléfonos, incautados en un allanamiento autorizado judicialmente en enero de 2025. Según los documentos oficiales, se respetó la cadena de custodia.

Sin embargo, existen dudas sobre su cumplimiento íntegro. En una entrevista del 18 de marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa adelantó que se revelarían nuevos “chats de Verduga”, lo que fue interpretado como una posible intromisión del Ejecutivo en una evidencia judicial en custodia, generando preocupación por la independencia de funciones y la integridad del proceso.

Los audios analizados no identifican a los participantes por nombre, aunque en varios fragmentos se menciona a un “Augusto”. La grabación más extensa data del 7 de octubre de 2023 y trata sobre decisiones internas del CPCCS.

Evidencias y vínculos políticos

Entre los materiales revisados hay audios y chats que, según la Fiscalía, revelan coordinaciones para influir en nombramientos dentro del CPCCS, incluida la designación del Superintendente de Bancos. En esas conversaciones se menciona a Andrés Arauz, ex candidato presidencial y actual secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, así como a otros actores políticos.

Arauz ha afirmado públicamente que la denuncia en su contra surgió por un tuit de solidaridad:

“Me acusan por un tuit. Me acusan de asociación ilícita. El fiscal dijo que quise ‘tomarme el poder del Estado’”.

Esther Cuesta, exasambleísta del mismo movimiento, también fue vinculada, aunque con menor visibilidad pública.

Renuncia en la Fiscalía y nombramiento diplomático

El 20 de mayo de 2025, Diana Salazar presentó su renuncia como fiscal general. La Asamblea Nacional la aceptó el 21 de mayo. Ese mismo día, el presidente Noboa la designó embajadora en Argentina mediante el Decreto Ejecutivo 634.

El decreto establece que el gobierno argentino había otorgado el beneplácito para su nombramiento el 29 de enero de 2024 —más de un año antes de su renuncia—. Este hecho ha reforzado las críticas sobre la naturaleza política de su salida y la percepción de que la Fiscalía pudo haber actuado bajo una lógica coordinada con el Ejecutivo.

El Caso Ligados sigue abierto. Más allá de las imputaciones individuales, ha encendido un debate nacional sobre el uso de la justicia penal, la independencia de los órganos de control y la frontera entre legalidad y conveniencia política.