¡Fin de los privilegios! Asambleísta propone eliminar pensiones vitalicias a expresidentes

Paúl Buestán, conocido por su postura en contra de los privilegios injustificados en la administración pública, presentó este proyecto con el objetivo de ajustar los gastos del Estado y eliminar beneficios que considera innecesarios. Según Buestán, estas pensiones representan un gasto significativo para el erario público que podría ser mejor empleado en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.

El proyecto de ley propone que los expresidentes y exvicepresidentes ya no reciban pensiones vitalicias, argumentando que muchos de ellos gozan de estabilidad financiera y no requieren este tipo de apoyo estatal. La iniciativa también contempla una revisión de otros beneficios y asignaciones que reciben los exmandatarios, buscando una administración más austera y eficiente de los recursos públicos​​ .

Reacciones y Expectativas

La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre la ciudadanía. Algunos sectores apoyan la medida, considerándola un paso necesario para reducir el gasto público y eliminar privilegios. Sin embargo, otros argumentan que esta eliminación podría desincentivar a líderes competentes a asumir cargos de alta responsabilidad en el futuro.

El debate sobre la eliminación de las pensiones vitalicias se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el gobierno y el Congreso para implementar políticas de austeridad y transparencia. Los defensores del proyecto esperan que esta medida no solo ahorre dinero, sino que también envíe un mensaje claro sobre la necesidad de una mayor responsabilidad fiscal y ética en la administración pública .

Proceso Legislativo

El proyecto de ley deberá pasar por varias etapas antes de ser aprobado. Primero, será revisado por las comisiones pertinentes en la Asamblea Nacional, donde se debatirá su viabilidad y las posibles implicaciones legales y económicas. Posteriormente, si se obtiene un consenso favorable, pasará a ser votado en el pleno de la Asamblea. De ser aprobado, representaría un cambio significativo en la forma en que Ecuador maneja las pensiones y beneficios de sus exmandatarios .