Oposición ecuatoriana denuncia una nueva arremetida judicial del gobierno de Noboa: "Nos acusan por hacer política"

Una nueva controversia sacude al escenario político ecuatoriano tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de vincular penalmente a los dirigentes de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz y Esther Cuesta, en el denominado “Caso Ligados”. También ha sido incluido en el proceso Raúl González, exsuperintendente de Bancos, aunque sin afiliación formal a dicho movimiento. La causa gira en torno a una supuesta “asociación ilícita” vinculada a decisiones políticas estratégicas y presuntas coordinaciones institucionales.

El pedido de vinculación fue presentado el lunes 19 de mayo por la fiscal general Diana Salazar, quien aún no ha definido una fecha para avanzar formalmente con la audiencia. La acusación ha encendido las alarmas tanto en el ámbito jurídico como político, especialmente por el contexto en el que se produce: a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales y en medio de crecientes denuncias sobre la falta de independencia judicial en el país.

Un tuit como “prueba” central

En publicaciones realizadas en su cuenta de X (antes Twitter), Andrés Arauz — excandidato presidencial en 2021 y vicepresidente en 2023 — calificó la acusación como “eminentemente política” y sin fundamentos jurídicos sólidos. Según explicó, el principal elemento usado por la Fiscalía para justificar su vinculación es un tuit en el que expresó su solidaridad con Augusto Verduga, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, tras el asesinato de uno de sus asesores a manos del crimen organizado.

“Dicen que yo quería tomar el poder del Estado. ¿La prueba? Un tuit. Lo que en realidad molesta es que hemos señalado la forma en que operan los banqueros, cómo se vinculan con el crimen organizado y cómo se manipulan los organismos de control. Por eso me persiguen”, escribió Arauz.

El excandidato también cuestionó la legalidad de las recientes elecciones, denunciando irregularidades graves: “Tuvimos una elección sin vicepresidente nombrado por mandato constitucional, con gastos ejecutados sin sustento técnico y con decisiones políticas disfrazadas de legalidad. En ese contexto, la elección de Noboa fue ilegítima y hoy se usa el poder judicial para consolidar ese fraude”, afirmó.

¿Una persecución disfrazada de justicia?

Junto a Arauz también ha sido implicada Esther Cuesta, exasambleísta de Revolución Ciudadana, quien ha denunciado que los legisladores de su bancada están siendo “sistemáticamente silenciados” en el pleno de la Asamblea Nacional. “No nos dan la palabra, no reconocen nuestras propuestas, y ahora quieren callarnos también en los tribunales”, declaró.

El tercer nombre en la lista, Raúl González, fue designado Superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana en 2022, pero su nombramiento fue posteriormente bloqueado por el Tribunal Constitucional. Aunque no es parte de Revolución Ciudadana, su relación con algunos miembros del Consejo y su perfil técnico lo han convertido en blanco de una investigación que, según los analistas, tiene más de política que de legalidad.

El rol del poder económico

Para Arauz, detrás de esta arremetida está el sector bancario y empresarial del país. “Los dos últimos presidentes han sido banqueros. Lasso es dueño del Banco de Guayaquil y Noboa del Banco del Litoral. Quieren venganza porque no les tememos y porque denunciamos sus privilegios”, sostuvo.

En reiteradas ocasiones, Arauz ha denunciado públicamente los vínculos entre el narcotráfico, la banca y sectores del poder político. “Lo que buscan es silenciar a quienes nos atrevemos a decir la verdad. Usan la justicia como un garrote”, escribió.

Un precedente alarmante

Juristas y organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso del delito de asociación ilícita como herramienta para criminalizar la disidencia política sienta un precedente peligroso para la democracia ecuatoriana. La vaguedad del tipo penal y la falta de pruebas materiales hacen temer que esta práctica pueda convertirse en una forma sistemática de eliminar adversarios.

“Quieren convertir la expresión política en delito. Es un mensaje claro: no se puede cuestionar al poder. Pero no nos van a callar. La democracia no puede sobrevivir si se persigue a quienes piensan distinto”, concluyó Arauz en otra publicación en su cuenta de X.